Revocan el fallo que otorgó prisión domiciliaria a 700 presos bonaerenses 

La Suprema Corte de Jus­ticia bonaerense revocó ayer el habeas corpus colectivo que permitió las prisiones domiciliarias de presos en el marco de la pandemia por el covid-19 y ordenó que esos beneficios deben ser anali­zados caso por caso, por el juez que tiene a cargo a cada causa.

El fallo de la Corte fue a instancias de un recurso de inaplicabilidad de ley inter­puesto por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve. Para la Corte bonaerense “son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condena­dos a su disposición me­diante un juicio debidamen­te motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras re­lativas a los grupos de mayor riesgo ante el covid-19”.

Los jueces sostuvieron que para otorgar beneficios se deben analizar los bienes jurídicos afectados por el imputado, las condiciones personales del procesado o condenado, el grado de in­tervención asignada por el detenido, y las modalidades de la comisión del delito y las particulares relaciones con las víctimas.

El fallo del máximo tribu­nal también indica que debe ser tenido en cuenta ante un pedido de beneficio de prisión domiciliaria, el nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado el delito, la pena prevista para el delito, el examen del ni­vel de avance del proceso y de los riesgos procesales y la situación de la víctima al momento de la decisión.

Agregaron que el análisis de cada causa “debe efec­tuarse sin descuidar el en­foque sobre la situación de la víctima, en especial, su vulnerabilidad, por ejemplo, en casos de violencia fami­liar o de género o agresión sexual”.

Estableció, a su vez, que debe asignarse prioridad “al trámite de las peticio­nes articuladas a fin de dirimirlas con la mayor celeridad posible y con participación de las partes interesadas”, y reafirmó los supuestos abarcados en el fallo de Casación deben reconducirse para su resolución por parte de cada órgano judicial.

La Corte Bonaerense afir­mó que “la mera remisión a la clasificación de delitos le­ves y graves empleada para otorgar medidas alternati­vas carece de base legal”, y agregó que lo resuelto “debe ser revisado porque persi­gue algo inmediato y masivo que interfiere contra el ne­cesario actuar de los jueces competentes”.

Además consideraron que la Cámara de Casación “desoyó” la directiva de la Corte dispuesta en su Reso­lución Nº 52 del 25 de mar­zo “en cuanto estableció que es atribución de los jueces competentes evaluar y dis­cernir con arreglo al orden jurídico vigente la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su li­bertad seriamente amena­zadas por la situación pan­démica”. La Corte también definió que las medidas “deberán ser evaluadas con celeridad por el órgano ju­dicial competente, bajo las mismas pautas señaladas para la ponderación de so­licitudes aún pendientes de ejecución”.s